¿Hay
personas que viven encerradas en su casa porque no pueden salir? No se cuando
dejaremos de hablar de estas cosas, porque lo normal sería, eso, que no
hablásemos, porque no podemos permitir que, en una sociedad como la nuestra,
que se las da de avanzada, haya personas que se vean en la necesidad de
reclamar poder entrar y salir de su casa sin dificultad.
Es
de esos problemas que existen a nuestro alrededor pero de los que se habla
poco, o nada. Los Medios de comunicación suelen recoger, de cuando en cuando,
noticias que nos explican que por fin, con una silla de ruedas, se puede llegar
hasta un arcén y luego subir al vagón de un tren (en Tarragona, mi ciudad,
dentro de poco será posible), pero es difícil encontrar la noticia de que hay
miles de personas que debido a tener una incapacidad o debido a la edad, no
pueden ni tan solo salir de casa. Viven condenados a estar encerrados entre sus
cuatro paredes y dependen de familiares, servicios sociales o vecinos para que
les hagan la compra diaria en el supermercado o les compren en la farmacia las
medicinas que muchas veces necesitan. Hablo de una realidad de la que seguramente
muchos de quienes lean estas líneas saben, o conocen a alguien que la vive, o
incluso ellos mismos la sufren.
Seria
absurdo negar que no se haya avanzado, en estos últimos años. Solo hay que
echar un vistazo a las reformas de la
Ley de Propiedad Horizontal para comprobar que, como se ha
hecho en el resto de Europa, las comunidades de propietarios, progresivamente, han
ido asumiendo el coste de la accesibilidad de su edificio, como desde siempre
han asumido las reformas o las puestas al día de sus condiciones estructurales,
su estanqueidad, su habitabilidad o su seguridad.
Pero
también es verdad que basta visitar sobre todo barrios de los extrarradios de
nuestras ciudades para encontrar bloques de viviendas de altura considerable,
con escaleras sin ascensor que pueden convertir a quienes viven en sus pisos
mas altos, en prisioneros en su casa. Bloques habitados en la mayoría de los
casos por personas de pocos ingresos, muchos de ellos pensionistas, que además
difícilmente pueden hacer frente a los gastos
que significa adaptar un edificio para que sea accesible
Es por eso que el Grupo Socialista del que soy portavoz
en la Comisión
de Políticas Integrales par la
Discapacidad , recientemente, ha presentado un Proyecto de Ley
que lleva por nombre “PROPOSICIÓN
DE LEY PARA ADAPTAR LA LEY
49/1960, DE 21 DE JULIO, DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ONU ” (*) queriendo
contribuir a solucionar, en todo lo que sea posible, este problema.
Con el objetivo que las personas con discapacidad y
las personas mayores, vivan mas libres e
independientes de lo que viven ahora.
Y porque no es justo que
tengan que añadir, a las dificultades económicas que tienen el resto de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, cuando quieren tener una vivienda
digna, la dificultad que les supone poder entrar y salir de ella
Y
la hemos presentado, también, por solidaridad con las personas a quienes afecta
este problema. Y porque como socialistas tenemos la voluntad de acabar con la
injusticia, allá donde la encontremos, pero también porque al hacerlo
contribuimos a adaptar nuestra legislación a la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó. Cosa que nos
obliga como país, independientemente del grupo parlamentario al que
pertenezcamos, como obliga a cualquier gobierno independientemente del color
político que tenga y por tanto al actual presidido por el Sr.Rajoy
Y también
la hemos presentado para recordarle al gobierno que la ratificación nos supone
a todos, un compromiso, mejor dicho una obligación con una parte considerable
de nuestra sociedad que no ha cumplido. que hace ya unos meses que pasó el 4 de
diciembre, la fecha en la que por ley,
todo tenia que ser accesible para todos.
Presentar, por nuestra parte, el proyecto de Ley
para adaptar la Ley
de Propiedad Horizontal a la Convención , es nuestra
manera de colaborar, desde la oposición en cumplir con ese compromiso con las
personas con discapacidad y las personas mayores.
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