Durante 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó máximos
históricos, llegando a sobrepasar los 66.000 millones de euros. Sin embargo, en
2017 cerró, según el Ministerio de Economía del Gobierno español, con un
déficit de algo más de 2.500 millones de euros.
Las pensiones y la viabilidad o no de su sistema público se encuentran hoy
en el eje de la agenda política y social, y es por eso que observar las cifran
anteriormente comentadas resulta cuanto menos relevante para determinar si se
trata de una problemática basada en los cambios demográficos del Estado (como
tanto han repetido PP y Ciudadanos) o simplemente en la voluntad política de
aquellos que lo gobiernan.
España destina, según la OCDE, el 10% de su PIB a sufragar las pensiones
(el 50% del total que destina a gasto social). Las fuerzas neoliberales y
conservadoras han encontrado en esta cifra un filón a la hora de defender que
el actual sistema de pensiones no es sostenible ante la subida del número de
pensionistas y que es necesario empezar a abordar un posible y más que probable
cambio de modelo.
Privatizar por lo menos una parte de nuestro sistema público sería para la
derecha simplemente adaptar nuestro modelo al crecimiento de la esperanza de
vida y a los cambios demográficos y productivos que estamos padeciendo.
Tal afirmación no solo reconoce la incapacidad del actual gobierno del
Partido Popular de administrar el fondo público de pensiones, si no que
evidencia una falta absoluta de rigor académico y de saber qué ha pasado en
nuestro país en las últimas décadas.
Volviendo a datos anteriores, el Gobierno de Mariano Rajoy ha despilfarrado
casi 70.000 millones de euros. Pero, ¿era realmente el fondo de reserva el
único lugar de donde poder extraer los recursos necesarios para hacer frente a
eventuales y urgentes necesidades económicas?
El lector me permitirá tal obviedad, pero la respuesta es no.
70.000 millones de euros se ha gastado el gobierno en los últimos siete
años que, como veremos a continuación, se podrían haber extraído de otros
fondos o mediante otras opciones que no hubieran significado reducir el nivel
adquisitivo de nuestras y nuestros jubilados.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un estudio
publicado durante 2017, cifró en 90.000 millones de euros el coste de las
tramas, causas y casos de corrupción ocurridos durante la Democracia. En
relación con esto, corregir el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca
y las grandes empresas supondría una recaudación de 44.000 millones de euros.
Así pues, si nuestro país precisara de regulaciones que persiguieran la
corrupción y de más inspectores de trabajo que corrigieran el fraude fiscal de
las grandes fortunas, tendríamos unos 130.000 millones de euros más, el doble
de lo que el PP ha extraído del fondo de pensiones.
Quizás no sea “necesidad nacional” lo que conduzca al saqueo del fondo de
nuestras pensiones, sino voluntad política.
Algunos dirán que la corrupción es algo inherente en una sociedad como la
española y que el fraude fiscal es algo con lo que debemos resignarnos a
convivir. Lejos de esto, es también relevante señalar que el tipo marginal
máximo de IRPF en España (lo que pagan las rentas superiores a 60.000 €
anuales), según la Comisión Europa, es del 45%. Muy lejos de otros países como
Suecia (56%), Dinamarca (55,6%) o Francia (50%). Además, analizando el tipo
nominal en sociedades, vemos como España lo sitúa en el 25%,
nuevamente alejado de países como Francia (38%), Bélgica (34%) o Alemania
(30%).
Equipararnos a nuestros homólogos europeos en este aspecto supondría
extraer de aquellos que más riqueza poseen los recursos necesarios para seguir
subvencionando un colectivo tan vilipendiado como lo es el de las y los
pensionistas de nuestro país.
A pesar de esto, el Gobierno ni si quiera se ha planteado tal posibilidad.
Repitiendo lo anterior, quizás no sea “necesidad nacional” lo que conduzca al
saqueo del fondo de nuestras pensiones, sino voluntad política.
La corrupción y la complacencia ante las clases altas han sido las
características del actual Gobierno durante su mandato, pero también la condena
de nuestros pensionistas.
Además, es también destacable que las y los españoles “invertimos” (nótese
la ironía) en el aeropuerto de Ciudad Real 1.100 millones de euros, que en
equipamiento militar gastamos 600 millones de euros, que el subsidio a la
Iglesia católica nos hace perder 580 millones de euros cada año, que las
subvenciones a fiestas taurinas nos cuestan, según la Fundación Altarriba, 564
millones de euros anuales…sin olvidar los bochornosos 150.000 euros que recibió
la Fundación Francisco Franco por parte de nuestro Gobierno de la nación.
Quizás reformar aspectos como los ya citados o impulsar políticas dirigidas
a la creación de empleo para los más jóvenes y a las mejoras laborales de
quienes ya se encuentran en nuestro mercado de trabajo serían medidas tan
positivas como necesarias para garantizar la continuidad de un modelo de éxito
que recompensa a nuestros mayores y nos honra como sociedad.
Y es que el problema no es demográfico, es político. Y la derecha, una vez
más, solo ha contribuido a acentuarlo.
Christian Soriano
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