Creo que podemos estar
sensatamente de acuerdo, refiriéndonos al anuncio del referéndum por la
independencia de Catalunya, en la idea de que aquello que nos parece bueno y correcto para nosotros nos ha de parecer también
bueno y correcto para los demás. Y por lo tanto, las condiciones democráticas
que creamos adecuadas para un referéndum aquí, serían las mismas que
exigiríamos –razonablemente- a cualquier otro referéndum. Y que si lo que se
quiere hacer aquí se hiciera en Turquía, en Marruecos, en Venezuela o en
Ecuador, por ejemplo, lo aceptaríamos como democrático y legítimo. Creo que el propuesto es un
criterio de valoración bastante ecuánime.
Después de varios años escuchando
como nos llaman antidemócratas a los que considerábamos inadecuado un referéndum
para dar salida a los problemas de relación y encaje entre Catalunya y el
Estado español; y de explicarnos que no se trataba de independencia, ni de
identidad nacional, sino de democracia.., resulta que ahora, por milagrosa
transubstanciación, lo democrático es lo contrario de lo que siempre habíamos
sostenido y de lo que exigiríamos en cualquier situación equiparable. Parece
que la excepcionalidad justifica lo que sea porque somos nosotros y “porque yo
lo valgo”.
Veamos algunos ejemplos. El
primero es la equiparación reduccionista de democracia con plebiscito, algo que
horroriza en la mayoría de espacios de debate intelectual y científico, y
que ha enraizado peligrosamente en
nuestra cultura política. Tiene que ver con la idea de que el mandato de los electores
está por encima de las leyes, con el “yo hago lo que me piden mis votantes y
por eso estoy por encima de cualquier norma, pues lo contrario no sería
democrático”. Afirmaciones así, en boca de líderes extremistas nos harían
temblar: por suerte Donald Trump sigue sometido a las leyes y no puede hacer lo
que le da la gana por muy legitimado que se sienta por las urnas, y Marine Le
Pen, de haber resultado vencedora, se vería sometida a un marco jurídico que
impediría hacer alguna de las barbaridades que su discurso insinúa. Ya decía
Tocqueville que la democracia se caracteriza más por las garantías a las
minorías que por la fuerza de las mayorías.
En segundo lugar nos encontramos
con una ley hecha para el caso concreto, cuando todas las recomendaciones
internacionales que garantizan la democracia y legitimidad de los procesos de
referéndum exigen que esta se haya elaborado con suficiente antelación y para
regular una generalidad indeterminada de posibles supuestos. Una ley que
permanece oculta, y que se presenta en un acto político organizado por los
partidarios del Si, y que ignorando o despreciando la necesaria neutralidad de
la misma, la reciben coreando “in-inde-independencià”; y dirigiendo el
coro, -y presentadas protocolariamente
como tales- están las máximas autoridades que deben garantizar las garantías
del referéndum. Una ley cuyo debate parlamentario se escamoteará, pues se ha
cambiado el Reglamento del Parlament, para poder aprobarla en lectura única y
sin debate, con un trámite de urgencia.
Una ley que, ignorando toda jerarquía normativa, se proclama superior y
por encima de cualquier otra norma existente. Y una ley que no da respuestas
reales y efectivas a la posibilidad de poder celebrar en referéndum “como
siempre” con censo, autoridad electoral, neutralidad institucional, equilibrio
de medios, …
En tercer lugar, que pasa si explicamos
todo esto en un contexto en que se aprueba una norma que invita a retirar
ayudas a medios de comunicación que no acepten a publicar publicidad
institucional de un “referéndum” tan poco garantista; o que en base a esta
norma presentada fuera del Parlamento, cualquier ciudadano puede ser obligado a
estar en una mesa electoral de un proceso que los propios juristas del Consejo
de Garantías Estatutarias (el Tribunal Constitucional catalán) y los servicios
jurídicos del Parlament consideran no ajustado a Derecho y con graves lagunas
jurídico-democráticas. Pues pasa que cualquier demócrata, con una mirada
mínimamente objetiva, sea cual sea su opinión sobre la independencia, debería
escandalizarse.
Un elemento nuevo, hasta ahora
solo insinuado, ha emergido recientemente. Si el artículo 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los
pueblos a la libre determinación, se dice que la legalidad internacional nos
ampara, y eso es suficiente para hacer un referéndum independentista. Pero la
realidad es que este artículo señala que se ejercita de acuerdo con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y que solo se ha ejercitado
en su versión secesionista con los pueblos coloniales y excepcionalmente con
los equiparables, como los ocupados militarmente o los sometidos a apartheid;
que el ejercicio a la libre determinación en pueblos constituidos en Estado
opera como principio democrático y no como derecho a la secesión. Pero en todo
caso, se puede acudir al Comité de Derechos Humanos reclamando el ejercicio de
este derecho, y nos dirá como viene diciendo desde el caso de los indígenas del
Lago Lubicon contra Canadá, que no es ejercible por pueblos ya constituidos en
Estados democráticos, y que en estos tienen que buscarse los procedimientos
internos democráticos para cambiar su condición. Pero lo que es más básico aún:
las normas internacionales se integran
en los ordenamientos jurídicos de los Estados; no pueden alegarse para saltarse
las normas internas, pues en caso de contradicción, el juez nacional deberá
decidir si existe dicha contradicción y hacer primar la norma internacional; o
bien , agotados los recursos jurídicos internos –sin que ninguna instancia
judicial avale nuestra interpretación-, podrá buscarse el amparo de las
instancias internacionales adecuadas. Pero, nada más lejos que buscar la
legitimación alegando directamente una interpretación concreta de una norma internacional
para incumplir con el ordenamiento interno, ni aquí ni en ningún lugar del
mundo.
Lo más grave de esta inversión de
términos, de lógica y de principios jurídicos, y de ser llamados
anti-demócratas los que explicamos las cosas razonables, es que cada vez está
más claro lo que sospechábamos: que todos los esfuerzos (como diría Unamuno,
con razón, sin razón o contra ella), están orientados exclusivamente a
conseguir la independencia –con o sin mayoría-, y no para que los catalanes nos
expresemos libremente. Y que al final de todo el proceso, un referéndum organizado
sin garantías democráticas, y al que no se siente convocada gran parte de la
población-, sea el argumento para una proclamación unilateral de independencia,
que solo quiere una parte no mayoritaria -a pesar de todos los esfuerzos- de la
población.
Cosas así de claras, los
conceptos de democracia “de siempre”, con los que se han derrotado las
dictaduras y se han construido todas las actuales democracias, se explican en
la web impulsada por Miquel Iceta www.garantia.cat,
un intento de resituar en un lenguaje por todos comprensible el debate
político, superando la estéril etapa del procesismo. Cuidado: en TV3 y 3/24 se
refieren a ella, repetitivamente y sin corrección alguna, como “garantía.com”,
sin duda un simple error profesional que no nos permite dudar ni de la
neutralidad, ni de la pluralidad de nuestra televisión pública. Pero en
democracia, no todo vale. Y ningún fin, por legítimo y noble que nos parezca,
justifica los medios.
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